LOS FALSIFICADORES DE FIRMAS Y LOS FISCALES GENEROSOS

En las últimas elecciones generales, se descubrió una nueva falsificación de firmas en los padrones electorales. En ésta oportunidad, no había sido Code-Renovación, ni Medelius con Perú 2000, ni Toledo con Perú Posible, se trataba de un partido nuevo y desconocido: CAMBIO RADICAL.

Cambio Radical era el nuevo nombre que utilizaba José Barba Caballero para participar como partido político en las elecciones del año 2006 y como en anteriores oportunidades lo había hecho, Barba montó una fabricas de firmas. Recordemos la denuncia que se presentó contra Barba y Rafael Rey por un tema similar y de la que se ha ocupado en extenso Nelson Manrique.

En octubre del 2005 se descubrió que el entonces congresista José Barba Caballero había presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, actas de constitución de los comités provinciales de “Cambio Radical” con miles de firmas falsificadas.

Antonio Caballero Sánchez que había pertenecido a las filas del partido Unidad Nacional en donde llegó a ser Secretario de Organización en San Juan de Lurigancho, reconoció que había intervenido en la falsificación de firmas y que su rol se había limitado a supervisar las dos fábricas que montó Barba Caballero para falsificar firmas. Mencionó además que el equipo de falsificación lo lideraba además del citado Barba, José Valdez entonces regidor de la municipalidad de Lima y Carlos Burgos hoy alcalde de San Juan Lurigancho.

El trabajo consistía en imprimir en la oficina del Congreso que tenía Barba, las fichas de la Reniec y luego copiar cada una de las firmas en los dos locales que tenían para tal efecto.

Dijo que además de copiar actas de la Reniec, habían copiado las firmas de las actas del partido de Martín del Pomar “Trabajo y Dignidad”, lo que fue confirmado por Arturo Espinoza colaborador de del Pomar cuando este era alcalde de Barranco.

Todo esto más las amenazas de muerte contra Antonio Caballero, se denunciaron y la investigación se la encargaron a la Décimo novena Fiscalía Provincial Penal de Lima a cargo del Fiscal ROBERTO FIGARI VIZCARRA, quien el 7 de mayo del 2007, ARCHIVÓ la denuncia 485-05 contra los acusados de falsificadores JOSÉ BARBA CABALLERO, ANTONIO CABALLERO SÁNCHEZ Y HUGO SIMINARIO AVILA, en agravio del ESTADO PERUANO.

El 29 de setiembre del 2009 solicité mediante un escrito a la Fiscalía del citado Figari Vizcarra copias certificadas del dictamen fiscal mediante el cual se archivó la denuncia. El 28 de octubre el fiscal me contesta: “se aprecia del sistema Siatf que el recurrente no figura como parte en la investigación, ni adjunta el recibo de pago de la tasa respectiva” y me niegan las copias solicitadas.

Se están violando varios artículos de la Constitución con el propósito de ocultar una resolución que estoy seguro no resiste el mínimo análisis jurídico, si uno de los autores de la falsificación de firmas, reconoce su participación y acogiéndose a la confesión sincera con el propósito de que no lo sancionen, da todos los detalles de cómo se copiaban las firmas de las fichas de la Reniec, cuanto se pagaba a los falsificadores, quienes falsificaban, quienes financiaban esa falsificación etc etc., como puede archivarse la denuncia?

Los procesos de acuerdo con el artículo 139 inciso 4to de la Constitución, son públicos y si es además una investigación archivada en agravio del Estado, no necesito acreditar como lo exige el Fiscal, haber sido parte en la investigación. El inciso 5to. del artículo 2 de la misma Constitución establece la garantía de que cualquier ciudadano puede solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública.

Se está violando también la ley 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Como quiera que un Fiscal no puede desconocer la Constitución y las leyes, pero sobre todo la Constitución, es evidente que se niega a proporcionar la documentación que probaría que sobre los temas de falsificación de firmas, se ha tejido un manto de impunidad y esa impunidad, tendrá que se explicada tarde o temprano.

Siendo además, que las resoluciones de archivamiento dictadas por Fiscales no constituyen Cosa Juzgada y cualquier ciudadano puede volver a plantear la denuncia aportando nuevos elementos, que era el presente caso, el fiscal no sólo será acusado de violar la Constitución sino de cometer delito contra la administración de justicia.