No sé en el momento que esto escribo, cómo habrá terminado el proceso penal que por denuncia de la Contraloría General de la República, se inició contra Rómulo Triveño Pinto y decenas de otros implicados en las irregularidades que se cometieron utilizando de manera indebida los recursos para ayudar a las víctimas del terremoto del 15 de agosto del 2007 que afectó al departamento de Ica principalmente.
Espero que si no ha salido la sentencia aún, salga pronto y condene a muerte a los responsables. No puede haber delito mayor que el desamparar a quienes han sufrido un desastre y utilizar el dinero que el Estado dio para ayudar, para enriquecerse.
Por lo menos la horca es lo que merecen quienes sean encontrados culpables y dicho ahorcamiento debe ser realizado en la plaza principal de Ica cuanto antes. Y pido que sea cuanto antes, para que los que ahora se están aprovechando de la situación del coronavirus, les tiemble todo cuando vean balanceándose en el patíbulo los cadáveres de los miserables que le robaron a los pobres, su esperanza de una vida mejor.
Claro que nos dará rabia que el castigo se imponga 13 años después del robo, pero servirá para apurar a la justicia y también ocasión para poner en evidencia su poca sensibilidad y su putrefacción, pudiendo ser ellos los próximos ajusticiados.
Todos recordamos y con mayor razón y dolor los iqueños, que 15 de agosto del 2007, se produjo un terremoto en Ica y se descubrió que al menos 20 empresas estaban involucradas en irregularidades en la tarea de la reconstrucción. Versión proporcionada y nunca desmentida por el diario El Comercio en su edición del martes 10 de marzo del 2009.
Se alquilaron maquinarias para la remover los escombros dejados por el terremoto. Cargadores frontales, volquetes y retroexcavadoras de diferentes empresas pagando por el alquiler mucho mas de lo que costaba.
De las 20 empresas involucradas en las irregulares contrataciones, varias no estaban habilitadas para firmar contratos con el Estado, otras se acababan de constituir e incluso algunos representantes de esas empresas confesaron haber subcontratado los servicios de terceros ya que ellas, no contaban ni con volquetes ni siquiera con camiones.
La Contraloría investigó esos procesos de contratación de maquinaria pesada y los dueños y representantes legales de las empresas contratadas por el gobierno regional reconocieron que participaron conscientes de que estaban violando la ley.
La prensa y la contraloría involucraron al presidente regional de Ica de ese entonces llamado ROMULO TIVEÑO y al Jefe del instituto de defensa Civil general E.P LUIS FELIPE PALOMINO RODRIGUEZ.
Según los testimonios de los propios representantes de las empresas, varias de ellas no estaban habilitadas para contratar con el Estado otras no figuraban en el registro del CONSUCODE y otras que sub contrataron a terceros por no contar ni con los equipos ni con la experiencia en esos trabajos, ni siquiera habían terminado de constituirse.
Victor Aguayo Mancini y Humbero Simón Misaico Revate se inscribieron en CONSUCODE el 24 de setiembre del 2007 y sus contratos eran del 11 y 19 de setiembre. O sea antes de nacer ya les impusieron bautismo y primera comunión con el padrino sebo de los contribuyentes
Confesaron además que las empresas Transportes CJ, EM Maquinarias, Corporación H&M, H&P Contratistas mineros, José Gálvez Chávez, Ana Ipenza Sánchez, Transportes Arias, Group Perú. Setrams, E&G Contratistas Generales, Inversiones Jaime Ramirez, Manuel Lazo y Ernesto Molfino, Empresa de Transportes Gurmendi, Transportes Generales VAM, Servbicios Múltiples y Trasnportes y Servicios en General Pinto no se encontraban inscritas en el registro nacional de contratistas. O sea ni siquiera bautizadas pero igual cobraron y pagaron obviamente.
Vayan sumando. Gobierno regional pagó 145 soles la hora de alquiler de volquete cuando cuesta 98 soles, 249 pago por hora de alquiler de cargadores frontales y el precio del mercado es de 210, 220 por alquiler de retroescabadoras y el mercado cobra entre 115 y 145 soles.
Peor aun, de 25 contratos firmados por el gobierno regional de Ica, 20 fueron celebrados antes de haber sido convocados los concursos y como tenemos dicho 16 de las 20 empresas no estaban registradas en ningún sitio.
De donde se obtuvo los recursos? Del Convenio que en setiembre del 2007 celebraron INDECI y el Gobierno Regional de Ica para recibir 18 millones 533 mil doscientos cincuenta soles para esos trabajos. Los pobladores de la Cooperativa de Vivienda Los Espinos a 10 cuadras de la plaza de armas se quejaban que luego de 19 meses de celebrado el mencionado convenio que solo llegó una sola vez a sus viviendas maquinaria pesada a recoger escombros.
Se descubre un fax del 12 de setiembre del 2007 del General Palomino jefe de INDECI a Triveño recomendando contratar a empresas para los trabajos de remoción. Es decir el que daba la plata, que por cierto no era suya sino del Estado le dice, te doy la plata pero contratas a quien yo te pido.
Comisión del congreso presidida por Rogelio Canches denuncia a 400 personas. El pleno del congreso aprobó informe de comisión en junio del 2013 y denuncia entre otros a Carlos Pando de APCI, siete ex alcaldes distritales de Cañete Chincha e Ica y quienes se hicieron pasar por damnificados sin serlos.
DESDE EL 2007 ESTAMOS ESPERANDO EL CASTIGO. Y CILLONIZ QUE HIZO PARA IMPULSAR EL CASTIGO NOS PREGUNTAMOS
