Todos los miércoles por la mañana, en la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de reos Libres, que tiene su sede en un local de la cuadra diez de la avenida La Mar en Miraflores, es juzgado Guillermo Gónzales Arica, el popular Willy, secretario de Alejandro Toledo y marido de Anel Towsend Diez Canseco.
Gónzales Arica junto con Blanca Rosales, Carlos Urrutia Boloña, Marcos Assadi, Pilar Freitas y otros, fueron acusados por el delito de Colusión Ilegal, penado hasta con 15 años de prisión, por haber comprado cuando eran miembros del directorio de Canal 7, series de televisión de los años 70 sobrevaloradas. Por series como La Famila Ingalls, Ultramán y Rintintin, pagaron casi 250 mil dólares, cuando costaban menos de la tercera parte de ese precio.
Los denunciados según la acusación del Fiscal Fidel Castro se coludieron con el representante de la empresa W. Unitar Limited, para sacar ventajas económicas personales en perjuicio del Estado.
Inicialmente la jueza suplente María Gutarra había archivado la denuncia, pero el fiscal Castro apeló y la Corte Superior dispuso que se les abriera instrucción a todos los denunciados.
Una de las procesadas, Pilar Freitas ha sido procuradora del Poder Judicial durante la época del gobierno de Toledo y colaboradora cercana de éste antes de que fuera presidente. Incluso se le vinculó con el tema de la falsificación de firmas de Perú Posible, al aparecer en el video en que Alejandro Toledo felicitaba a los que le habían proporcionado las firmas. Lo sorprendente es que la Freitas, que es defendida en éste proceso penal por el abogado Jorge Santisteban de Noriega continua siendo funcionaria del gobierno actual, ya que ocupa nada menos que la presidencia de la fundación Canevaro, que depende del Ministerio de Justicia y en donde también el doctor Santisteban es abogado.
Las razones por las que el juicio a diferencia de la mayoría de los procesos por corrupción, se lleva a cabo casi en la clandestinidad, puede deberse a la aún influencia política que tienen algunos de los procesados.
Invitamos al público y a la prensa, a cubrir las incidencias de un proceso realmente interesante y que puede servir de ejemplo para aquellos funcionarios que aprovechando un cargo público, se ponen de acuerdo con los proveedores a fin de perjudicar al país.
Seguiremos informando y trataremos de conseguir imágenes del proceso.
Gónzales Arica junto con Blanca Rosales, Carlos Urrutia Boloña, Marcos Assadi, Pilar Freitas y otros, fueron acusados por el delito de Colusión Ilegal, penado hasta con 15 años de prisión, por haber comprado cuando eran miembros del directorio de Canal 7, series de televisión de los años 70 sobrevaloradas. Por series como La Famila Ingalls, Ultramán y Rintintin, pagaron casi 250 mil dólares, cuando costaban menos de la tercera parte de ese precio.
Los denunciados según la acusación del Fiscal Fidel Castro se coludieron con el representante de la empresa W. Unitar Limited, para sacar ventajas económicas personales en perjuicio del Estado.
Inicialmente la jueza suplente María Gutarra había archivado la denuncia, pero el fiscal Castro apeló y la Corte Superior dispuso que se les abriera instrucción a todos los denunciados.
Una de las procesadas, Pilar Freitas ha sido procuradora del Poder Judicial durante la época del gobierno de Toledo y colaboradora cercana de éste antes de que fuera presidente. Incluso se le vinculó con el tema de la falsificación de firmas de Perú Posible, al aparecer en el video en que Alejandro Toledo felicitaba a los que le habían proporcionado las firmas. Lo sorprendente es que la Freitas, que es defendida en éste proceso penal por el abogado Jorge Santisteban de Noriega continua siendo funcionaria del gobierno actual, ya que ocupa nada menos que la presidencia de la fundación Canevaro, que depende del Ministerio de Justicia y en donde también el doctor Santisteban es abogado.
Las razones por las que el juicio a diferencia de la mayoría de los procesos por corrupción, se lleva a cabo casi en la clandestinidad, puede deberse a la aún influencia política que tienen algunos de los procesados.
Invitamos al público y a la prensa, a cubrir las incidencias de un proceso realmente interesante y que puede servir de ejemplo para aquellos funcionarios que aprovechando un cargo público, se ponen de acuerdo con los proveedores a fin de perjudicar al país.
Seguiremos informando y trataremos de conseguir imágenes del proceso.
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