PERSONAJES OLVIDADOS EN LA HISTORIA DEL APRA - I

Aprovechando la cuarentena por la epidemia de coronavirus, entre otros libros leí: “Historia del APRA” de Percy Murillo Garaycochea. 

No se trata de una pieza literaria, pero si contiene mucha información a veces no fidedigna tratándose de un aprista convicto y confeso, pero que en nos ilustra sobre la historia del APRA del Perú y la actuación de algunos personajes que como siempre en nuestra política, supieron camuflarse o como se dice ahora “reinsertarse” luego de haber tenido actuaciones nefastas y hasta criminales contra quienes eran sus enemigos políticos. 

Lo primero que quisiéramos comentar es la gesta universitaria liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre el 23 de mayo de 1923, en que aglutinó a una multitud entre la que se encontraban estudiantes y obreros tras la protesta por la pretendida consagración del Perú al Corazón de Jesús, lo que violaba flagrantemente la separación de la iglesia católica y el laicismo que correspondía al Estado siendo que además tras esa ceremonia religiosa, había una maniobra política del gobernante de entonces: Augusto B, Leguía. 

La concentración contra el acto de la iglesia católica y el gobierno fue un éxito. Pero al querer avanzar la multitud desde la Universidad de San Marcos hacía la Plaza de Armas, la policía se lo trató de impedir y se produjo un enfrentamiento en el que murieron el estudiante Manuel Alarcón Vidalón y el obrero Salomón Ponce Ames. 

Percy Murillo en su libro al contar estos hechos, comete a mí entender dos errores. En primer lugar, dice que mientras la policía disparaba a los manifestantes, estos se defendían con ladrillos, pero sin embargo añade hubo 5 policías muertos. Es decir no podrían haber sido solamente una respuesta de ladrillos la de los obreros y estudiantes, sino probablemente hubo también de ese lado disparo de armas de fuego que causaron la muerte de no 5 sino 3 policías, Ruperto Goitia, José E. Torres y Jesús Vásquez, que a diferencia de las víctimas civiles, fueron enterrados silenciosamente por el gobierno. 

Este acto de provocación del gobierno de Leguia en consecuencia, le produjo la muerte a 5 peruanos en la jornada del 23 de mayo de 1923 y que fue sin lugar a dudas, histórico no solo por el acontecimiento mismo, sino por que catapultó a Haya de la Torre como líder quien ya tiempo atrás había tenido participación importante en la jornada por la lucha de las 8 horas de trabajo. 

El gobierno de Leguía en consecuencia, no solo es responsable de la muerte de Alarcón y Ponce sino de los humildes policías que fueron a cumplir órdenes y cuya muerte pasó al olvido. 

Ministro de Gobierno y Policía como se llamaba entonces al Ministro del Interior era Pedro José Rada y Gamio a quien además de la responsabilidad de esas muertes, le endosa Murillo merecidamente por cierto, los calificativos de áulico y devoto fiel de Augusto B. Leguía pero sobre todo, incide como han hecho muchos historiadores, en la apariencia ridícula del personaje al que la historia ha considerado el símbolo de la adulonería y servilismo en la política y de quien nos ocuparemos en otra ocasión cuando hablemos de personajes similares en otros gobiernos que ha tenido el Perú. 

Conviene recordar como lo hace Murillo en su libro, algunos de los acuerdos del primer congreso del APRA el año 1931 que resultaron en algunos casos adelantados para su tiempo y en otros desvirtuados totalmente por los apristas que llegaron luego al gobierno. 

Manuel Seoane el año 1957 lo recordó en el III congreso del partido Aprista, y expresamente señaló que Víctor Raúl Haya de la Torre les encargó la tarea del primer programa de gobierno. 

“Declaración por escritura pública del monto exacto y detallado de los bienes que posee el nombrado o elegido, declaración que se renovará al dejar el cargo o ser promovido a otro y que publicará el órgano oficial del Estado” 

¿Cuánto hubiera servido a quienes 60 años después, ocuparon cargos públicos o fueron elegidos durante los gobiernos del APRA? 


Otro punto del programa que por indicación de Haya debía ser no “una lista de lavandería" sino un documento sólido y orgánico, es el capítulo concerniente a la minería: “Orientaremos nuestra política en forma de alcanzar en un futuro próximo la nacionalización de la industria extractiva”, “ Procuraremos la inmediata nacionalización de la industria de algunos metales , tales como el vanadio y el oro, comenzando por las reservas de las zonas que los contienen” 

Comparemos esos postulados con la política del “Pero del Hortelano”. Verdad que no se parecen en nada?. Claro que se puede cambiar, pero no tanto. 

ALBERTO HIDALGO: A propósito de las elecciones de 1931 dice Murillo que el poeta Alberto Hidalgo aprista en ese momento, decía en uno de sus más celebrados discurso de la campaña electoral que: “ en el gallinero político del Perú sólo existían dos gallos: Haya y Sánchez Cerro” Sus ataques a José María de la Jara, añade Murillo estuvieron provistos de innecesaria procacidad. 

Pues bien. El que más lisonjeaba a Víctor Raúl, terminó siendo su más duro crítico. Renunció al APRA en la que había militado y luego de su renuncia entre las cosas más suaves que dijo de su líder estaba_ “Haya de la Torre desde que tiene uso de razón está buscando empleo que no se le da nunca, el empleo de la Presidencia de la República. Como no ha podido conseguir esto ha inventado la manera de vivir sin trabajar. Nunca lo ha hecho ni lo hará” . Uno de sus poemas refiriéndose a Víctor Raúl comenzaba diciendo: “Te deseo una muerte a pedacitos…” 

Pero no solo ese y muchos ataques contra Haya de la Torre en términos muy ofensivos, sino a todos los apristas que a diferencia de él no habían renunciado. Célebre es la actuación en la Casona de San Marcos cuando desde el balcón del patio de letras trataba de hablar Hidalgo y números apristas desde el primer piso le gritaban: “abajo los traidores” respondiendo Hidalgo: “si abajo están los traidores”. Ya se imaginan el pandemonio que se armó. Hidalgo y sus acompañantes tuvieron que salir huyendo de la furia de sus ex compañeros. 

OSCAR MEDELIUS: No nos referimos al que fuera congresista del fujimorismo y vinculado a la falsificación de firmas para los procesos electorales, sino a su abuelo a quien el libro de Murillo lo identifica como quien iba a asesinar a Víctor Raúl Haya de la Torre en vísperas de las elecciones de 1931. “ La prueba de fuego para el joven partido aprista y su candidato lo esperaba en Lima. Para el 15 de agosto estaba anunciada la llegada de Haya de la Torre a la Capital. Lima era un hervidero de conjeturas y presagios nefastos ya que se rumoreaba con insistencia la existencia de un complot para asesinarlo y se sindicaba al agente de aduanas, Oscar Medelius, incondicional servidor de Sánchez Cerro, como su cabecilla” Incluso cita Percy Murillo las memorias de Luis Alberto Sánchez para reafirmar su afirmación. 

Medelius tenía antecedentes. El 24 de abril de 1930 fue detenido junto al ex juez Manuel Jesús Urbina, el criado de éste Humberto Peña Olivera, Víctor Flores, Ignacio y Carlos Carrillo, Manuel Montes y el sub teniente del ejército peruano Darío Luna acusados de complotar contra la vida del presidente Leguía a quien pretendían quitarle la vida mediante el uso de unas bombas. Esto le valió como mérito para ser elegido diputado por el partido Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro y siguió desde el parlamento como relata Murillo, es una actitud matonesca: “Es un hecho incontrovertible que, ante su manifiesta impotencia ideológica. La mayoría gobiernista apeló al recurso de la fuerza. En las sesiones abundaban los insultos y provocaciones verbales de los representantes gobiernistas, entre los cuales por su lenguaje procaz el chalaco Oscar Medelius, personaje de sinuosa trayectoria identificada en el tráfico ilegal de las aduanas y junto a él, hacía gala de iracundia el anciano Manuel Diez Canseco Romaña” 

LA CUCULIZADA.-Casualmente el término se origina en el apellido de un constituyente aprista de 1931 tío de la luego congresista fujimorista Luisa Cuculiza. Habían sido elegidos 23 representantes al congreso por el partido aprista entre los que se encontraba el huanuqueño Miguel Cuculiza Vélez de Villa, quien según la historia que relata Percy Murillo y lo que dijeron mucho tiempo los apristas, fue “el único que pactó su silencio a cambio de su libertad”. En efecto de los 23 representantes parlamentarios del APRA el único que no sufrió ni cárcel ni destierro fue Cuculiza, quien se quedó en ese parlamento controlado por el Sanchezcerrismo. El 17 de febrero de 1932 el comandante Ricardo Guzmán Marquina por orden del prefecto Julio Chávez Cabello detuvo a 23 constituyentes 22 del partido aprista y Víctor Colina del Partido Descentralista. 

Entre los parlamentarios que no se doblegaron y a consecuencia de ello, fueron deportados estaban: Seoane, Cox, Luis Alberto Sánchez, Heysen, Showing, Guillen, Spelucin, Pérez Treviño, Sabroso, Neuhaus y Manuel Arévalo Cáceres éste último asesinado el año 1937 por encargo del gobierno. 

Esa traición de Miguel Cuculiza es la que originó entre los apristas el término “cuculizada” como sinónimo de traición.

Municipalidad de Jesús María: Una pícara alcaldesa y ahora narcotraficante

A fines de los años 90 y comienzos de los 2000, fue alcaldesa del distrito de Jesús María y por dos periodos, Francisca Izquierdo Negrón, más conocida como “Paquita”. 

De sus obras no guardan los vecinos memoria alguna, me refiero a sus obras en beneficio de la colectividad. De lo que muchos si se acuerdan, son de las felonías que a su paso cometió durante los 8 años en que estuvo en la alcaldía y que hicieron honor a su apellido materno. 

Era yo congresista en esos años y conocía a “Paquita” de cuando fuera diputada por el Partido Popular Cristiano por el departamento de Cajamarca de tal manera que cuando salió elegida burgomaestre tuve la confianza de llamarla en más de una oportunidad a fin de trasmitirle los reclamos que efectuaban los trabajadores de su municipio, así como los pensionistas y algunos vecinos quienes habían incluso conformado el Frente de Desarrollo Comunal con el fin de pedir su vacancia. 

Pero al principio todo parecía marchar sobre ruedas. Me atendía muy amablemente y ofrecía hacerlo también con los trabajadores y vecinos. Pero todo cambió cuando al estarle debiendo varios meses a los pensionistas de la municipalidad de Jesús María y habiendo ofrecido cumplir con ellos, no solo no lo hizo sino que como un acto de ostentación y de desprecio, inauguró un nuevo local de la Municipalidad con orquesta, bocaditos y champan, mientras fuera del local y mendigando sumas miserables se congregaban personas que habían trabajado 20, 30 y hasta 40 años en la municipalidad que ahora saqueaba “Paquita” Izquierdo Negrón. 

Al día siguiente y enterado del banquete, le reclamé y apenas había mencionado el incumplimiento de su ofrecimiento de cumplir con el pago de las pensiones adeudadas y los sueldos que esperaban los trabajadores, me colgó el teléfono y nunca más he cruzado palabra con ella. 

La primera pregunta que me hice y se hacían vecinos, pensionistas y empleados era cómo había comprado un nuevo y faustuoso local municipal sin las arcas de su municipio según ellas estaban exánimes? 

Resulta que había comprado la casa con un préstamo del Banco de Crédito del Perú, pero pagando más del 100% de lo que realmente costaba el inmueble de la flamante nueva sede municipal. Le vende a la municipalidad la casa de la avenida Mariategui 850 el 2 de junio de 1998, el señor Jaime Palencia Suarez un ciudadano español que la había adquirido pagando 600 mil dólares con una cuota inicial de 20 mil dólares el 16 de julio de 1997. Suponiendo que hubiera pagado realmente los 600 mil dólares, ya que en la escritura se pactó que 580 mil se pagarían 6 meses después de los 20 mil, en soles de esa época significaban Un millón quinientos setentaiocho mil (1,580,000.00). Saben con cuanto pago “Paquita”? Pues Tres millones trescientos treintaicuatro mil soles es decir Un millón doscientos ochenta i dos mil trescientos siete dólares. 

Porqué pagó “Paquita” SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE DOLARES MÁS cuando se negaba a pagar 25 mil dólares de pensiones y sueldos atrasados a pensionistas y trabajadores? 

La respuesta la encontramos cuando nos llegaron más denuncias en su contra. “Paquita” había resultado todo una pícara. 

Despidió durante el inicio de su gestión a 175 obreros municipales y 20 empleados dando como argumento que existía excedente de personal, días después contrato a 3 300 nuevos trabajadores. Por supuesto que entre esos 300 habían fantasmas y parientes quienes se beneficiaron de los beneficios sociales que Paquita no les pagó a los despedidos. 

Le embargó al Instituto Peruano de Seguridad Social lo que ahora es ESSALUD, más de 10 millones de soles y nunca dio cuenta del destino de esos recursos. Dicho sea de paso fue denunciada por esto y le abrieron proceso por los delitos de Exacción Ilegal y Apropiación Ilícita que no conocemos en que terminó aunque suponemos que con la “buena suerte” que tenía no haya sido sancionada. 

Contrató con una empresa llamada Tour Car SA para que brinde servicios de limpieza del distrito de Jesús María y le pagó 5 millones 307,491 soles y el representante de esa empresa había sido el jefe de la policía municipal. 

El caso más escandaloso del que se tiene conocimiento ya que habrá algunos que nunca nos enteramos, fue la contratación de la empresa Master Digital EIRL por la Municipalidad de Jesús María para que detectara a los deudores de dicha comuna y por lo cual le pagaría el 25% del monto detectado. 

Master Digital se había constituido el 5 de febrero de 1996 con un capital de 1000 soles y su local era un quiosco en el Centro Cívico. El 4 de marzo de ese año, es decir al mes de constituida “Paquita” propuso al Consejo Municipal su contratación para el trabajo mencionado gracias a la “experiencia” que tenía, sin siquiera mencionar que había sido constituida para la venta de repuestos de computadora recién un mes antes. 

Foto: Radio marañon.

CESAR ACUÑA AUNQUE SE VISTA DE SEDA

Sigue con intención de voto presidencial César Acuña Peralta. Acusado de violación una menor de edad, de repartir plata “como cancha” para conseguir votos en las elecciones.de agredir a su ex esposa Rosa Nuñez, de varios delitos en el ejercicio de cargos públicos, de plagiar, mentir etc. etc.

 Nada mella su popularidad y la intención de algunos de votar por él para cuando se vuelva a presentar de candidato a la presidencia.

Hace unos días, en la casa de uno de su estirpe (Raza diferente) Willy Serrato Puse, preso por casi tantos delitos como su maestro, se encontró el expediente judicial que le siguieron a César Acuña por violencia familiar en agravió de una ex pareja llamada Jenny Gutiérrez Vaisman. Serrato lo ha traicionado y ha confesado supuestamente con sinceridad, que tenía el expediente al haberle pedido un hermano de Acuña, que lo ayude a fin de que la denuncia se archive. Serrato a través de su amigo y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura el doctor Rock, consiguió que el juez que procesaba a Acuña, cediera a las presiones e influencias y archivara la denuncia de maltratos contra una mujer que en algún momento había estado prendada de César Acuña a pesar de los más de 30 años de diferencia de la pareja.

Si, aunque usted no lo crea. En el Perú, no solo se puede ser candidato a la presidencia con esos antecedentes, que por razones de espacio hemos condensado, sino que no solo candidato, sino hasta llegar a la presidencia y para ello, basta montar en un garaje un instituto de enseñanza, luego convertirse en universidad, autonombrarse rector y comenzar a contratar jueces, fiscales, periodistas, reclutar políticos que se presten para ello, de todas las tiendas políticas, formar un partido, financiarlo con el aporte de los alumnos y listo.

Han sido rectores de la universidad de Acuña, que lamentablemente lleva el nombre por compensación quizás, del más ilustre de los intelectuales peruanos, personajes como Francisco Miro Quesada Rada quien se prestó para ser el mascarón de proa de una universidad y su dueño ingenuamente y ayudado de una buena remuneración.

Hoy conduce esa nave pirata, una señora que ha ostentado diversos cargos públicos y privados de importancia, pero que sabiendo ya quien es Acuña, a diferencia de Miro Quesada, presta su reputación para navegar por aguas procelosas en las que esperamos se sumerjan para bienestar de todos.

En su partido político, si merece el nombre de tal que hasta plagiado es, han militado célebres tránsfugas como el caso de Anel Towsend, Luis Iberico, Julio Rosas y otros de triste recordación al que aun en su seno protegen, como es el caso de Edwin Donayre general del ejército que la única batalla que ha ganado, ha sido la de robarse el combustible no del enemigo, de sus propios tanques.

CLARA ELVIRA OSPINA, JIMMY CHINCHAY Y LOS PRICIPIOS PERIODISTICOS

Diciembre del 2015, conferencia de prensa del partido Humanista destinada a lanzar la candidatura presidencial de Yehude Simon a la presidencia de la República.

El ambiente del hotel Bolivar de la Plaza San Martín donde se llevará a cabo el lanzamiento, está repleto en su mayoría de simpatizantes del partido Humanista. Me siento en una de las sillas colocadas para el público asistente casi al final del salón y desde ahí veo llegar a los periodistas lo mismo que a Yehude Simon y a su candidata a la vice presidencia Rosa Mavila. Hablan Yehude y la Mavila anunciando sus propuestas de ganar las elecciones, casi las mismas que los candidatos ya lanzados que son para variar un montón. La prensa espera impaciente alguna novedad que no llega y al terminar de hablar Yehude Simon algunos periodistas comienzan a lanzar sus preguntas cuando ya la mayoría del público, se encuentra circulando por el ambiente del hotel en busca de algunos bocaditos y el vino prometido.

En esas circunstancias, alguien se me acerca y me avisa que un periodista de Canal N le está preguntando a Yehude Simon por mi posible candidatura al Congreso, pero la pregunta sin fundamento alguno, ya que nadie había mencionado y menos yo, mi candidatura, fue hecho más o menos en éstos términos: “Es verdad que Ernesto Gamarra que recibió dinero de Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional, será candidato al Congreso?”.

Llegó en el momento en que ya Rosa Mavila adelantándose a Yehude Simon, respondía que de ninguna manera yo sería candidato, ya que ellos no estaban vinculados a la corrupción. Mientas Yehude balbuceaba alguna respuesta, yo le digo al periodista de Canal N llamado Jimmy Chinchay: “Si quieres saber algo sobre mí, pregúntamelo” Chinchay voltea y hace voltear a su camarógrafo y me hace la misma pregunta: “ Usted será candidato al congreso?” Le respondí que yo no tenía impedimento legal alguno para ser candidato a lo que sin que pudiera terminar de contestarle, añadió: “Pero usted recibió dinero de Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional” Luego de aclararle que no era cierto lo que él decía, y de pedirle que se informara antes de hacer esa afirmación, me respondió mortificado: “pero usted fue juzgado por corrupción”, no tenía sentido que siguiera el diálogo, con una persona que preguntaba algo sin siquiera conocer lo que afirmaba y que a todas luces, obedecía a algún encargo de quien posiblemente preocupado porque yo fuera candidato, podía significar un obstáculo en su elección al congreso.

Me retiré del hotel Bolivar, mortificado y cuando apenas salía, recibí una llamada de Yehude preocupado por lo sucedido en la conferencia de prensa. Le volví a decir lo que antes le había dicho cuando él insistió en que yo fuera candidato al Congreso, en sentido de que había muchas personas que se sentirían incomodas con mi candidatura y que era mejor que no lo fuera. Especulé con algunos nombres de quienes podrían haber preparado la pregunta que Chinchay formuló, al haberlos yo mismo escuchado, instantes antes de que yo le enrostrara al periodista su pregunta, dictarle la respuesta a Rosa Mavila.

Esa noche Canal N pasó la entrevista editada y añadiéndole pasajes del video en donde yo aparezco recibiendo tres mil dólares de Luis Venero, hermano de Alberto Venero que era uno de los testaferros de Montesinos, para ayuda en una campaña municipal y que sin prueba alguna sirvió para que tres vocales corruptos, luego expulsados del Poder Judicial, me condenaran.

No fui candidato, Yehude Simon tampoco, pero igual pasé un mal rato gracias o a la poca preparación de un periodista o su mala intención, no lo sé, ni me interesa saberlo.

Hace unas semanas al ser entrevistada la periodista Clara Elvira Ospina, jefa del periodista Chinchay en canal N, al responder una pregunta sobre la labor de la prensa dijo lo siguiente: “Tienes que ser leal con la verdad y con los hechos”, lo que me animó a enviarle un ejemplar de mi libro en donde minuciosamente cuento todo mi proceso y lo injusto de mi condena, con el fin de que a sus periodistas los instruya en ese principio que ella enarbola “Tienes que ser leal con la verdad y con los hechos”. Nunca me respondió.

Los Defensores de los Derechos Humanos

Extracto del libro "La Trampa" de Ernesto Gamarra. Presentado en la feria del libro 2016.

Y LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Yo había conseguido, con justicia, el beneficio de la semilibertad. Me la había concedido, en el mes de diciembre del año 2003, la Vocalía Suprema de Instrucción a cargo del magistrado Victoriano Quintanilla. Lo había hecho en estricta aplicación de la ley. Previamente, el referido vocal había efectuado la consulta al Fiscal Supremo Penal Percy Peñaranda Portugal, cuya opinión había sido positiva.

Meses antes, el gobierno había promulgado la Ley 27770, modificatoria de los beneficios penitenciarios, de los cuales la semilibertad es uno de ellos. La modificación consistía, en que ya no podían obtener la semilibertad los condenados por delitos de corrupción de funcionarios al cumplir un tercio de la condena porque, desde ese momento, tenían que cubrir dos tercios de la condena para obtener ese beneficio.

La medida encerraba la clara intención de impedir la libertad de determinadas personas; y como quiera que los jueces, erróneamente y contra todo principio constitucional y democrático, interpretaban que dicha ley no podía aplicarse retroactivamente, el gobierno, por medio del ministro de justicia, solicitó al Tribunal Constitucional que formulara una cabal interpretación.

Dicho Tribunal —que meses antes, en el caso de un narcotraficante, había interpretado que las leyes referidas a beneficios penitenciarios no podía aplicarse retroactivamente— resolvió extrañamente para el caso de la flamante Ley 27770, que sí debiera aplicarse retroactivamente. De este modo colisionaba con el artículo 103º de la Constitución, por contrariar decisiones de tribunales internacionales y opiniones de destacados juristas.

La sentencia interpretativa de la Ley 27770 fue emitida por el Tribunal Constitucional en enero del 2004. Un mes antes, el Vocal Quintanilla ya había resuelto a favor de mi pedido de semilibertad, interpretando que la mencionada ley no podía aplicarse retroactivamente, como ya lo habían hecho anteriormente tanto él como otros jueces en procesos similares.

Fue recién, en mi caso, que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema se pronuncia confirmando la sentencia precedente. Dicha Sala estaba integrada por los vocales Pajares, Molina y Huamaní. Para fundamentar la aplicación retroactiva de la ley, los miembros del Tribunal Constitucional, recurren a citas de tratadistas alemanes cuyos libros ni siquiera habían sido traducidos al español.

Cuando los procuradores objetaron la resolución del Vocal y de la Sala Penal Especial, por la que se me había concedido la libertad, no se refirieron para nada a una indebida interpretación de la Ley 27770 y recurrieron a otra tinterillada. Como quiera que para el beneficio de la semilibertad, era el Instituto Nacional Penitenciario, encargado de las cárceles, el único facultado para emitir un informe sobre el tiempo de mi detención y el cumplimiento de otras condiciones, maliciosamente se encargó al segundo vice Presidente del mismo instituto, José Robles Campbell que elaborara un informe contrario al que ya había sido expedido y presentado. Entonces, Robles Campbell, sin tener atribuciones para ello, elaboró el nuevo informe en el que desautorizaba al anterior que había servido de base para mi libertad. Licenciosamente se permitió sostener que en el anterior informe se había efectuado un mal cálculo del tiempo de mi permanencia en el Penal de San Jorge. Hasta se atrevió a sostener que debieron consignar como días efectivos de prisión, los días de visita, los domingos y feriados, los días de diligencias judiciales y los días en que me había visitado mi abogado.

Pero yo nunca había recibido visitas mientras estuve en prisión, lo que estaba totalmente probado y comprobado; solo se habían celebrado dos diligencias judiciales, de apenas una hora de duración, y no se descontaban los domingos y feriados, según el propio reglamento del Instituto. En consecuencia, el informe de Robles, a quien por lo demás no le competía tal función, era totalmente irregular. Lo inesperado fue que, portando dicho írrito informe, los procuradores, acompañados de Vargas Valdivia, se presentaron a pedirle a la Sala Penal Especial que anulara mi libertad. La obediente Sala, otorgando crédito al último informe del inefable Robles, la anuló y ordenó mi inmediata detención.

No me entregué. Al contrario, tuve que esconderme y en esas circunstancias recurrí a la Sala Permanente de la Corte Suprema con la esperanza de que descubriera la trama del informe falso. La Sala, estaba integrada por los vocales supremos Walter Vásquez Bejarano, Javier Villa Stein, Robinson Gonzales Campos, César Vega Vega y Raúl Valdez Roca, tres de los cuales habían sido miembros de la sala que confirmó mi sentencia condenatoria. Por lo tanto, no tenía muchas esperanzas de salir airoso en el nuevo trance. Pero esta vez, ¡oh sorpresa!, confirmaron mi semilibertad y, además, denunciaron penalmente a Robles Campbell quien, en la investigación practicada en el juzgado, sostuvo que había elaborado el informe en cuestión a pedido de un ministro de mucho peso en el gabinete del Presidente Toledo.

El octavo considerando de la resolución de la Sala presidida por Vásquez Bejarano decía así:

Que como quiera que el informe técnico del que se vale el señor procurador público adjunto ad-hoc y que sirvió de fundamento al pronunciamiento de la sala penal especial, que anuló la semilibertad, además de ilegal conforme a los considerandos precedentes podría implicar un ilícito penal, es menester que de ello tome conocimiento el ministerio público para los fines consiguientes.

Robles Campbell, poco tiempo después y por razones desconocidas, se suicidó. Nunca sentí rencor por lo que había hecho. Lo hizo —tal como he mencionado y tal como él mismo se lo relató a sus amigos cercanos— por presiones, cediendo a ellas posiblemente para conservar su puesto.

Nadie se ocupó del escandaloso proceder de los procuradores, que estaban conscientes de la falsedad con que actuaron en el informe anterior al de apelación. Sin embargo, pretendieron utilizarlo para enviarme a prisión. Así, me obligaron a permanecer en la clandestinidad durante casi seis meses, etapa en la que debí cambiar de escondite con frecuencia.

Pero si hubo alguien que se ocupó de mi caso, pero no precisamente para reclamar justicia, fue el Instituto de Defensa Legal, el conocido IDL, el cual ha realizado interesantes y valiosas campañas en pro de la justicia pero que, en mi caso, hizo todo lo contrario. De la Jara y Lobatón, jerarcas de dicho Instituto, además de haberse quedado mudos frente al atropello del que yo era víctima por una sentencia que me condenó sin prueba alguna, publicaron un calumnioso informe a favor de una lista de fallos cuestionables del Vocal Supremo Robinson Rodríguez Campos, en el que incluían el de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que él integraba, y que fue la que había declarado, sin efecto, la resolución que anuló mi semilibertad.

El 11 de julio del 2005 publicaron un informe al que denominaron “Diez fallos cuestionables del vocal supremo Robinson Gonzales Campos”. El referido a mí, les parecía cuestionable porque, según ellos, no debía aplicarse retroactivamente la Ley 27770. Les importaba un comino, la utilización del falso informe del INPE. Reprobaban que Rodríguez Robinson hubiera participado con otros cuatro vocales en anular una resolución basada en un documento falsificado, pero ellos, no decían nada sobre que el vocal Rodríguez Robinson, como integrante de una Sala de la Corte Suprema era el que me había condenado en el año 2003, basado en una prueba inexistente.

Como quiera que periódicamente volvían a publicar su informe, en setiembre del 2011, con ocasión de haber sido difundido en el diario El Comercio, envié una carta notarial en la que les acompañaba la sentencia que ellos consideraban “cuestionable”, en la que efectivamente participa Robinson Rodríguez Campos, uno más de los cinco vocales integrantes de la Sala Permanente de la Corte Suprema. No era el Presidente de la sala, ni ponente del caso.

De la Jara y Lobatón me respondieron que no se habían preocupado en ver el tema del informe falso, sino la no aplicación de la Ley 27770 que, según ellos, debía aplicarse retroactivamente. Acusaban solo a Robinson Gonzales de haberme favorecido. Nada decían de los otros vocales, insinuando que un solo vocal habría dictado la resolución.

La apelación de los procuradores, por su parte, se sustentaba como hemos dicho, en el nuevo informe que se había mandado fabricar. El recurso de los procuradores, para nada hacía referencia respecto de la aplicación de la Ley 27770. Por lo tanto, tampoco la resolución de la sala se ocupaba del tema.

Sin embargo, en su carta de respuesta, De la Jara y Lobatón mentían descaradamente al afirmar que “La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, sentó lamentable precedente con la indebida aplicación de criterios para otorgar beneficios penitenciarios.” Se referían sólo a mi caso, sin reparar en los fallos por los que esa sala y otras habían resuelto en forma similar en por lo menos cinco casos anteriores. Aquellos asuntos para ellos no habían establecido precedentes lamentables, sólo lo era mi caso por la participación de Robinson Gonzales.

El IDL conocía todos los anteriores. Yo se los había mencionado en mi carta con pelos y señales, números de expedientes, las personas de las que se trataba y las fechas; incluso las semilibertades otorgadas en dichos procesos, dispuestas por otro vocal instructor.

Se trataba, pues, de mentirosos contumaces, ya que sostenían que debía haberse tenido en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el expediente N° 2196-2002- HC/TC y publicada en enero del año 2004, y no haberla tenido en cuenta e ignorarla constituía un hecho grave.

No era posible considerar en ese momento, 4 de diciembre del 2003, fecha de la resolución del vocal Quintanilla, una sentencia, dictada y publicada un mes después. Esto además de risible revela irresponsabilidad profesional.

Debo hacer mención a otra parte del informe De la Jara-Lobatón, señalado en su carta notarial de respuesta. Dice en uno de sus párrafos:

“La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema considera incluso que el informe Técnico del INPE del que se vale la procuraduría podría implicar un ilícito penal, por lo que ordena comunicar esto al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.”

¡Claro que era un delito! ¡Un funcionario que no tenía facultades para hacerlo elaboró un informe falso, incluyendo datos adulterados y apelando a dispositivos inexistentes! De la Jara y Lobatón pretenden que los jueces que conocen del caso, se queden callados. ¿Esto se puede considerar Defensa Legal?; o más bien podríamos hablar de “Complicidad Legal”.

Como respuesta a dicha carta del 10 de octubre del 2011, el 24 de ese mismo mes y año les cité abundante jurisprudencia nacional e internacional y sustenté las razones por las que la Ley 27770 no podía aplicarse retroactivamente. El Colegio de Abogados de Lima había emitido un informe sosteniendo que así lo establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, cuando en el Congreso se discutió la referida ley, el Presidente de la Comisión de Justicia, congresista Daniel Estrada, al ser consultado por otro congresista sobre si dicha ley se aplicaría retroactivamente, contestó negativamente. Pero el IDL insistía.

Por ello —y como una de las fuentes de su financiamiento es el USAID, dependencia del gobierno norteamericano— les recordé la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, dictada en el caso Collins vs. Youngblood, en la que se estableció que la irretroactividad comprende a todas las leyes penales, sean sustantivas o procesales.

Les recordé, asimismo que —en el año 2002, en el expediente 804-2002, referido al caso de un sentenciado por narcotráfico al que le quisieron reducir los beneficios penitenciarios— el Tribunal Constitucional se había opuesto a su aplicación retroactiva, incluso para el caso de una ley procesal. Sobre ello, De La Jara y Lobatón, no dijeron nada. El aspecto más importante que soslayaban de la sentencia del Tribunal Constitucional, por su inconveniencia para ellos, era:

[…] cabe afirmar de conformidad con la normatividad constitucional citada anteriormente, que, si una nueva norma procesal como la ley 26320 resultaba menos ventajosa que la ley anterior en lo que respecta a la aplicación del beneficio penitenciario de la semilibertad, no puede tener efecto retroactivo por su carácter evidentemente perjudicial.

Según el criterio de De la Jara y Alva Orlandini, Presidente del Tribunal, Constitucional, al tiempo en el que fue dictada la sentencia contra los narcotraficantes no era posible recortarles los beneficios penitenciarios, pero sí a los demás. Desde luego, los jueces tenían que obedecer la sentencia a pie juntillas, expedida un año después.

ALGO SE PUDRE EN ESSALUD

ESALUD cuenta con equipos de medicina nuclear para el tratamiento del cáncer y material radiactivo para el mismo propósito, medicina que compra en el extranjero a muy alto precio, para atender a los asegurados que tienen la desgracia de padecer ésta terrible enfermedad.

Pero resulta que quienes solicitan atención por dicha razón, no son atendidos de inmediato, sino se postergan sus citas a veces por meses. Que explicación tiene esto, si se supone que ESSALUD, compra permanentemente el material radiactivo para el tratamiento de cada uno de los tipos de cáncer que se presentan?

La razón no puede ser más indignante. Resulta que llega el material radiactivo al segundo piso de un local donde funciona Medicina Nuclear, cerca del Hospital Almenara, ex Hospital Obrero embalado en cajas de madera y luego de que el personal de ESSALUD procede a clasificarlo es guardado a la espera del requerimiento respectivo. Pero eso no sucede, muy temprano en la mañana, llega un tecnólogo médico de la institución, que con el pretexto de bañarse, aprovechando que tiene llaves de todo el local saca el material y se lo entrega a una persona que lo espera en la puerta distribuirlo, luego de lo cual se encarga de distribuirlo.

Los envases que contienen las sustancias radiactivas, son diminutos, lo que permite que puedan ser sacados y escondidos entre los bolsillos del tecnólogo médico y también de su contacto. Ese material que al seguro le ha costado miles de dólares, es llevado a los locales de 2 empresas de propiedad de médicos de ESSALUD que brindan también el tratamiento contra el cáncer y donde cobran cinco veces más de lo que podría cobrarle la institución de la seguridad social de los peruanos.

Pero no es una sola empresa la favorecida, hay clínicas privadas que también compran ese material robado y lo usan para realizar los exámenes. En una de ellas el departamento de medicina nuclear está concesionado a un médico de ESSALUD.

Esos médicos no solo distribuyen y usan los insumos que compra ESSALUD, sino que incluso llevan a sus pacientes que no son asegurados a las instalaciones del Hospital del seguro en donde ya no solo usan el material radiactivo sino incluso los equipos.

Las auditorías que se realizan no descubren los robos, porque aparte de no ser minuciosas, son burladas al utilizar de los frascos conteniendo el material radiactivo, solo la primera toma en un paciente asegurado y el resto, (tres tomas) en los pacientes que llevan estos médicos ladrones. Haciendo figurar como si en el asegurado se hubiera utilizado el integro. Dicho sea de paso, el encargado del control es precisamente el tecnólogo que con el pretexto de bañarse en el local de medicina nuclear se pericotea los remedios.

Deberían utilizarse detectores de material radiactivo a fin de descubrir a quienes sacan los frascos por los que ESSALUD paga entre mil y 5 mil dólares por cada uno y que en cada robo puede llevarse una sola persona, 7 u 8 sin que nadie lo controle.

Pero como la importación de estos medicamentos radiactivos, requiere permiso del Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN, bastaría con comprobar que las clínicas que los vienen usando no tienen autorización alguna lo que demostraría su origen ilícito.

Los culpables deben ser denunciados y procesados. El delito que cometen al impedir la curación de personas con enfermedades terminales, que podrían ser salvadas si son atendidas a tiempo, es el de homicidio.